La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios por el Derecho a la Salud (REDC-SALUD) a la población en general hace saber:

  

Guatemala posee un amplio marco legal que ampara los derechos de la población. La Constitución Política de Guatemala en su artículo 98, el Código de Salud en su artículo 5, y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural decreto 11-2002, garantizan el derecho y el deber de participar en la planificación, control y vigilancia de los programas de gobierno. La REDC-SALUD es una organización comunitaria presente en 35 municipios rurales del país perteneciente a 5 diferentes departamentos. Basado en el marco legal anteriormente descrito, la REDC- SALUD realiza acciones de vigilancia ciudadana de los servicios públicos de salud.

Pese a la existencia de este marco legal, existen funcionarios públicos que abusan de su autoridad y de su mandato, desconociendo deliberadamente dicho marco. En consecuencia, violan ya sea por comisión u omisión, el cumplimiento de sus responsabilidad con respecto a la garantía de los derechos de la población, tanto para fiscalizar los servicios públicos como para involucrarse activamente en los procesos de formulación de políticas públicas en general, incluyendo las de salud.

Desde hace más de un año, miembros de la REDC-SALUD han venido sufriendo difamación, intimidación y criminalización derivado de las acciones de vigilancia que realizan. Por ejemplo, dos Defensoras Comunitarias han sido víctimas de denuncias espurias ante el Ministero Público: Paulina Culum de San Pablo la Laguna por parte del director de distrito de San Pablo y Vilma Sales del municipio de San Sebastián Huehuetenango, por parte de personal del Hospital Nacional de Huehuetenango. Luego de investigaciones, el Ministerio Público desestimó ambas denuncias. Otras Defensoras han sido intimidadas y discriminadas por personal de los distritos de Santa Lucia la Reforma y Totonicapán cabecera, en el departamento de Totonicapán. Las acciones de criminalización e intimidación por parte de funcionarios públicos buscan coartar el trabajo que realiza la REDC-SALUD y que cesen en sus acciones de fiscalización comunitaria y de divulgación de los problemas identificados en los servicios de salud.

Ante esto:

Declaramos que la severa crisis del Estado de Guatemala se manifiesta en los altos índices de corrupción que sufre la institucionalidad pública, la cual tiene múltiples causas, y una de ellas es la falta de apertura de algunas autoridades a la fiscalización ciudadana.

Denunciamos públicamente el uso del hostigamiento legal como una estrategia que busca estigmatizar a los Defensores y Defensoras Comunitarias por el Derecho a la Salud, buscando con ello intimidarlos y silenciar el trabajo que realizan, acciones que buscan que los actos de arbitrariedad y de poca transparencia que determinan la mala calidad de los servicios de salud, queden impunes.

Hacemos un llamado a las autoridades del MSPAS para que cumplan con sus obligaciones y funciones en materia de promover y respetar la participación ciudadana, abriendo espacios para la rendición de cuentas que permita transparentar la administración de los servicios públicos de salud.

Motivamos a la población en general a defender la garantía de los derechos humanos y a involucrarse activamente en la fiscalización de las políticas y servicios públicos. Es una obligación legal de las autoridades atender y responder a la fiscalización ciudadana y es nuestra responsabilidad como ciudadanía exigirlo.

 

Guatemala de la Asunción 13 de Febrero 2019